Atentado a la AMIA
| Atentado a la AMIA | ||
|---|---|---|
 Sitio donde se encontraba el edificio de la AMIA totalmente destruido por el atentado terrorista de 1994. | ||
| Lugar | Calle Pasteur 633 Buenos Aires, Argentina  | |
| Coordenadas | 34°36′07″S 58°23′58″O / -34.60180556, -58.39944444Coordenadas: 34°36′07″S 58°23′58″O / -34.60180556, -58.39944444 | |
| Blanco(s) | Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). | |
| Fecha | 18 de julio de 1994 9:53 am (UTC-3) | |
| Tipo de ataque | Coche bomba o explosivos escondidos en un volquete (suposición) | |
| Muertos | 86 (incluyendo un atacante suicida)[1][2] | |
| Heridos | 300+ | |
| Sospechoso(s) | Hezbolá,[3] Carlos Menem, Juan José Galeano, Eamon Mullen, José Barbaccia, Rubén Beraja, Carlos Telleldin, Hugo Anzorreguy, Jorge "Fino" Palacios, Juan Carlos Anchézar, Patricio Finnen, Carlos Castañeda, Ana Boragni y Víctor Stinfale. | |
| Motivación | Suspensión de la transferencia de tecnología nuclear argentina a Irán[4] | |
El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con coche bomba[5] que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires el lunes 18 de julio de 1994. Se trató de uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en Argentina, con un saldo de 85 personas asesinadas y 300 heridas, y el mayor ataque contra objetivos judíos desde la Segunda Guerra Mundial.[6] La comunidad judeoargentina con casi 300000 personas, de las cuales más del 80% vive en Buenos Aires, es la más numerosa de América Latina y la sexta mayor del mundo.[7][8]
Hasta 2018 se habían realizado dos juicios orales contra personas acusadas de ejecutar o encubrir el atentado. El primer juicio (2001-2004) reveló un amplio encubrimiento en el que estuvo incluida la justicia argentina y los servicios de inteligencia, y absolvió a todos los acusados.
El segundo juicio se inició en 2015 y aún no había concluido en 2018. En el mismo se encuentran acusados el expresidente Carlos Menem, el exjuez de la causa AMIA Juan José Galeano, los exfiscales de la causa AMIA Eamon Mullen y José Barbaccia, el exjefe de los servicios de inteligencia Hugo Anzorreguy, el expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Rubén Beraja, Carlos Telleldin acusado de haber provisto la camioneta con la que se realizó el atentado, y otros altos funcionarios del Estado argentino.
La justicia argentina detuvo a varias personas acusadas de haber participado en el atentado, algunos de ellos permanecieron el prisión durante casi una década. En el juicio oral realizado entre 2001 y 2004, se probó que la justicia argentina y los servicios de inteligencia habían fraguado las pruebas en su contra y fueron liberados. También fue detenido en Londres quien fuera embajador de Irán en Argentina Hadi Soleimanpour, acusado por la justicia argentina de ser uno de los organizadores del atentado, pero la justicia del Reino Unido lo liberó luego de examinar la causa, concluyendo que no existían pruebas que lo involucraran.
Índice
1 Contexto
2 El atentado y las víctimas
2.1 Organizaciones de familiares
3 Investigación
3.1 Hipótesis de la investigación
3.1.1 Ibrahim Hussein Berro y el Hezbollah
3.1.2 Irán
3.1.3 Pista siria
3.1.4 Policía bonaerense
3.2 Pedidos de captura. Detención y liberación de Soleimanpour
4 Los juicios
4.1 Primer juicio
4.2 Segundo juicio (AMIA 2)
5 Síntesis de actos judiciales desde 2001
6 Denuncia contra Argentina en la CIDH
7 Denuncia contra Irán en las Naciones Unidas
8 Otras acusaciones
9 Acuerdo Argentina-Irán y Comisión por la verdad
10 Espionaje a familiares de las víctimas
11 Muerte del fiscal de la causa del atentado a la AMIA
12 Denuncia por encubrimiento contra el ministro Garavano y otros
13 Referencias en la cultura popular
14 Véase también
15 Referencias
16 Bibliografía
17 Enlaces externos
Contexto
Dos años antes del atentado a la AMIA, se realizó otro atentado terrorista contra la embajada de Israel en Buenos Aires, con 22 personas asesinadas. Actualmente existe allí un memorial en el que cada árbol simboliza a cada una de las personas asesinadas.
En 1991 el presidente Carlos Menem -de ascendencia árabe y religión musulmana-, sin autorización del Congreso Nacional, ordenó la participación de Argentina en la Guerra del Golfo, enviando dos fragatas a combatir contra Irak bajo las órdenes de Estados Unidos.[9][10]
El atentado contra la AMIA registra un antecedente inmediato que es el atentado a la embajada de Israel en Argentina, también ubicada en Buenos Aires, dinamitada con una bomba dos años antes el 17 de marzo de 1992, causando 22 muertos y más de doscientos heridos. Este atentado, por tratarse de una sede diplomática, fue investigado directamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que jamás terminó la investigación ni elevó la causa a juicio.
Al año siguiente del atentado a la AMIA, fue asesinado también en un atentado terrorista el primer ministro de Israel Isaac Rabin, quien estaba llevando adelante un exitoso proceso de paz en Medio Oriente por el que recibió el Premio Nobel de la Paz, junto a Shimon Peres y el líder palestino Yasir Arafat.
Los dos atentados cometidos en Argentina se produjeron mientras el gobierno del entonces presidente Carlos Menem, instigado por Estados Unidos, abastecía ilegalmente de armas a Croacia y Bosnia, estos últimos musulmanes apoyados por Irán, país que integraba con Argentina la red de contrabando de armas y explosivos durante las Guerras yugoslavas. Estas operaciones incluyeron la dinamitación de la Fábrica Militar de Armas de Río Tercero, en 1995, que destruyó gran parte de la ciudad y causó la muerte de siete personas y más de 300 heridas.
El atentado y las víctimas
Frente del edificio de la AMIA reconstruido, con los nombres de 84 víctimas del atentado, sin incluir la que no fue identificada.
Bandera recordando los 6 000 000 de muertos en el holocausto judío y a los muertos en los atentados terroristas realizados en Buenos Aires de la Embajada de Israel y de la AMIA.
Las investigaciones demostraron que se utilizó una camioneta Renault Trafic blanca llena de explosivos para dinamitar el edificio de la AMIA.[11]
Véase también: Anexo:Fallecidos en el atentado a la AMIA
El lunes 18 de julio de 1994 a las 9:53, una bomba estalló en la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA), ubicada en la calle Pasteur 633, en pleno barrio Once de la Ciudad de Buenos Aires, demoliendo el edificio y dañando seriamente los inmuebles cercanos, causando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
El atentado sacudió a la sociedad argentina y especialmente a la de Buenos Aires. Miles de personas se acercaron al lugar para colaborar con las tareas de rescate, tanto de las víctimas, como de libros, documentos y esculturas que constituían una parte importante de la memoria de la comunidad judía argentina.[12]
Hasta 2001 se había informado oficialmente que las víctimas fallecidas eran 86, a las que había que sumar otra personas más a la que se atribuía ser autora del atentado y haberse suicidado con la explosión.[13] En 2001 se descubrió que una de las supuestas víctimas, Patricio Irala, había simulado su muerte para cobrar la indemnización por medio de su esposa.[13]
Oficialmente la AMIA contabiliza 85 víctimas, pero en el listado solo menciona 84.[14] La persona fallecida adicional se trata de un varón que no fue identificado, al que se le realizó la autopsia nº 1766, que se encuentra en las fojas 208/211 del anexo de autopsias II del expediente judicial.[15] El 10 de agosto de 2016, se identificó a esta víctima como «Augusto Daniel Jesús», un joven de 20 años que asistía junto a su madre a un curso para el cuidado de enfermos en la mutual.[16]
Organizaciones de familiares
Estación de subterráneo Pasteur-Amia, a pocas cuadras del lugar del atentado. Un reloj está detenido en la hora que se produjo.
Víctimas, sus familiares y amigos, fundaron tres organizaciones, Memoria Activa, Familiares y Amigos de Víctimas del Atentado contra la AMIA 18-J y Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), con el fin de seguir la investigación judicial, preservar la memoria y difundir información.
Estas organizaciones se presentaron como querellantes en las causas judiciales y desempeñaron un papel crucial en el descubrimiento de las operaciones ilegales realizadas por la justicia argentina y los servicios de inteligencia, para encubrir el atentado.
Investigación
Carlos Menem, entonces Presidente de Argentina.
La investigación inicial quedó a cargo del fiscal federal Eamón Mullen y su adjunto José Barbaccia y del juez federal Juan José Galeano.[17] La investigación de inteligencia, que ya se venía realizando desde antes del atentado, quedó en manos de Jaime Stiuso, en ese momento Jefe de Operaciones de Contrainteligencia de la SIDE, y Jorge Luis Lucas.[18] En la Policía Federal estuvo a cargo el comisario Jorge Fino Palacios.
La investigación judicial se realizó mediante dos causas, ambas a cargo del juez Galeano, la llamada "Causa AMIA" (nº 1156) abierta el día del atentado, que tuvo como único detenido a Carlos Alberto Telleldín y la llamada "Causa Brigadas" (nº 1598), abierta en octubre de 1995, en la que estuvieron varios años detenidos los policías bonaerenses Juan José Ribelli, Raúl Edilio Ibarra, Mario Roberto Bareiro, Anastasio Ireneo Leal, Bautista Alberto Huici, Jorge Rago, Alejandro Burguete, José Miguel Arancibia, Oscar Eusebio Basigalupo, Marcelo Gustavo Albarracín, Claudio Araya, Daniel Emilio Quinteros, Víctor Carlos Cruz. Las dos causas tramitaron en forma paralela hasta que en 1999 la Cámara ordenó acumular ambas causas. En 2004 el Tribunal Oral Nº 3, al pronunciar la sentencia, declaró la nulidad de la causa Brigadas.[19]
El juez Galeano viajó a Venezuela para entrevistarse con un ex diplomático iraní de nombre Manoucher Motamer, quien le dio a Galeano los nombres de cuatro diplomáticos iraníes en Buenos Aires, a quienes señaló como los autores del atentado.[20] Motamer sería luego señalado como agente de la CIA.[17]
En 1995 se conformó una Comisión Especial Investigadora mediante la Resolución n.º 1501 de 1995 del Senado de la Nación.[21]
Más tarde se conformó una Unidad Especial de Investigación que funcionaba en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos cuyo titular representaba al Poder Ejecutivo Nacional ante la Comisión Especial Investigadora, integrada por:
- El Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal Argentina.
- La Dirección de Terrorismo Internacional y Delitos Trasnacionales de la Secretaria de Inteligencia de Estado.
- La División Antiterrorista de la Prefectura Naval Argentina.
- La División Coordinación de Actividades Antiterroristas de la Dirección Nacional de Gendarmería Nacional.
- El Departamento de Inteligencia de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal.
- La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La Unidad Especial de Investigación presentó un informe en el que mostraba sus lineamientos para la investigación en los que sugerían profundizar las líneas de pesquisa que pudieran derivarse del informe de inteligencia titulado Temática: AMIA. La Conexión Internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores, confeccionado por la Secretaría de Inteligencia en el marco de la investigación del atentado.[22][23]
Para la investigación se autorizó el acceso a la documentación de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), se ofreció una recompensa de tres millones de pesos, protección a los testigos, identidad reservada, amparo en la ley del arrepentido hasta incluso la conmutación de la pena a quien pudiera aportar información verídica para resolver el caso.[24][25][26]
El 18 de julio de 1997, durante el acto en memoria de las víctimas al cumplirse el tercer aniversario del atentado, una de las familiares Laura Ginsberg, pronunció un duro discurso denunciando al entonces presidente Menem y al vicepresidente Eduardo Duhalde, de "encubrir la conexión local".[27][28][29] El discurso obró como desencadenante de la división del grupo de familiares y víctimas y de la comunidad judía, ante el gobierno y la manera en que se estaba llevando adelante la investigación.[30][31]
En 2001 se inició un juicio oral contra 22 acusados de ser la conexión local y haber facilitado la camioneta con explosivos, entre ellos el ex comisario de la Policía Bonaerense Juan José Ribelli y Carlos Telleldín.[32]
El juicio contó la presencia de un observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado sostuvo la acusación con los mismos fiscales de la investigación, Eamon Mullen, José Barbaccia y Nisman. Las víctimas y familiares se presentaron a través de dos querellas: una querella unificada de la AMIA, la DAIA y un Grupo de Familiares, y una querella independiente de Memoria Activa, que cuestionó la investigación y al juez Galeano. Apemia rechazó el juicio oral y lo consideró una maniobra de encubrimiento por parte del Estado argentino.[33] El juicio finalizaría cuatro años después, con la absolución de todos los acusados y la orden de enjuiciar por encubrimiento al juez, a los fiscales que actuaron desde el inicio, al principal dirigente de la comunidad judía y a altos funcionarios del gobierno.
En 2008 el periodista estadounidense Gareth Porter realizó una amplia investigación sobre el atentado, entrevistando entre otros a los agentes del FBI de la embajada de Estados Unidos que asistieron a la Argentina en la investigación, concluyendo que nunca se encontró evidencia que implicara a Irán:
Luego de pasar varios meses entrevistando funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires familiarizados con la investigación argentina, la cabeza del equipo del FBI que asistió la investigación y al investigador argentino independiente con mayor conocimiento del caso, encontré que nunca se encontró ninguna evidencia real que implicara a Irán en el bombardeo. Basado en estas entrevistas y en los registros documentales de la investigación, es imposible eludir la conclusión de que el caso contra Irán sobre el bombardeo de la AMIA provino desde un principio de la enemistad de Estados Unidos contra Irán, no del deseo de encontrar a los perpetradores reales.
Gareth Porter, 2008[34]
En 2003, después de 9 años de investigación, la justicia argentina acusó formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y al Hezbolá de ejecutarlo, imputando a ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés de ser los autores, contra los que ordenó alertas rojas de captura de la Interpol que fueron aprobadas.[35][36][37][3][38][39][40] Según la investigación del juez Galeano, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.[4]
Irán, como respuesta, ordenó la captura de cinco ciudadanos argentinos, Carlos Corach (Ministro del Interior), Rubén Beraja (dirigente de DAIA), Juan José Galeano (juez), Eamon Mullen y José Barbaccia (fiscales).[41]
En septiembre de 2003, uno de los imputados iraníes, el exembajador Hadi Soleimanpour, fue detenido en Gran Bretaña, pero luego de ser examinado su caso, Gran Bretaña concluyó que no había pruebas para detenerlo, negándose a acatar el fallo argentino, rechazando la extradición y ordenando su liberación.[36]
En diciembre de 2003 el Juez Galeano fue apartado de la causa.[42]
El 2 de septiembre de 2004 el tribunal dictó sentencia absolviendo a todos los acusados argentinos del juicio oral.[43] También ordenó investigar a Carlos Telleldín, quien permaneció encarcelado, acusado de cobrar una recompensa de 400 mil dólares para involucrar a policías bonaerenses, y las irregularidades de algunos funcionarios y dirigentes, entre ellos el expresidente Carlos Menem, el juez Juan José Galeano, por haber habilitado el pago a Telleldín, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ruben Beraja, y el comisario Jorge "Fino" Palacios.[44]anuló la investigación por serias irregularidades y delitos cometidos durante la misma, absolvió a los acusados y mandó a investigar por encubrimiento del atentado al juez que investigó la causa, Juan José Galeano, y a los fiscales Mullen y Barbaccia.[45]
El 28 de junio de 2013, la Cámara Federal ordenó al juez Ariel Lijo investigar al ex ministro del Interior Carlos Corach por el encubrimiento del atentado, en relación con el pago ilegal de 400 000 dólares al acusado Carlos Telleldín y el desvío de la llamada pista siria.[46]
En diciembre de 2016 quedó demostrado que se usó una camioneta Trafic para la explosión al comprobarse que las esquirlas extraídas de los cuerpos de las víctimas eran partes de la camioneta blanca, y se descartaron definitivamente las hipótesis de que el explosivo estaba en el volquete que estaba frente al edificio, la hipótesis de la implosión, la hipótesis de que la bomba ingresó al edificio de Pasteur 633 en los materiales de construcción con los que se trabajaba en el lugar o la de que se plantaron el motor y los restos de la camioneta para armar una escena.[11][47][48]
Hipótesis de la investigación
Monumento en memoria a las víctimas del ataque terrorista a la AMIA de 1994, ubicado en Plaza Lavalle frente a la Corte Suprema de Justicia. Obra de la escultora Mirta Kupfermick.
Ibrahim Hussein Berro y el Hezbollah
En 2003 la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con la colaboración del FBI, el Mossad (servicio secreto israelí) y otros servicios europeos elaboró un informe donde decía que el autor del ataque era un ciudadano apellidado Berro, Brru o Borro, que ingresó en el país desde la Triple Frontera junto con Ahmed Saad. [49] Hezbolá ppor su parte no se atribuyó el atentado y negó haber estado relacionado con el mismo.[50]
En 2005 los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos informaron que el conductor suicida había podido ser identificado como Ibrahim Hussein Berro.[51] Berro era un militante de Hezbolá de 21 años, cuyos hermanos -entrevistados por Nisman- sostenían que había muerto en combate en el Líbano meses después del atentado a la AMIA, hecho que fue anunciado por Radio Nur del Líbano.[52][51]
El dato debía ser confirmado mediante análisis de ADN de uno de los hermanos de Berro y los restos humanos sin identificar recogidos en la AMIA, tarea que se encontraba pendiente desde 2005.[53] Los estudios de ADN sobre el sospechoso se demoraron y recién fueron ordenados en 2016.[54][55] Los estudios fueron encargados al FBI, que concluyó los mismos con resultado negativo en noviembre de 2017, estableciendo que los restos hallados en la AMIA no corresponden a Ibrahim Berro, rechazando la hipótesis sobre el conductor suicida libanés y haciendo que se caiga, al menos temporalmente, una de las principales hipótesis que había formulado Nisman.[56][57]
Irán
En 2006, el Estado argentino acusó oficialmente al gobierno de Irán por el atentado y volvió a realizar un pedido de captura internacional a Interpol para ocho exfuncionarios iraníes.[58]
También se tomó en cuenta un cablegrama de la Cancillería argentina, dos meses antes del atentado, avisando a la Secretaría de Inteligencia, sobre una represalia con la que Hezbollah amenazó a Argentina por el secuestro de Moustapha Dirani en el Líbano, cuando el Sheik Fadlallah seguró que «la resistencia tiene mucho oxígeno, el enemigo ha dicho que tiene la mano muy larga pero los combatientes musulmanes han probado luego del asesinato de Abbas Mussaui, que sus manos pueden llegar a la Argentina. El frente se ha extendido a todo el mundo y la batalla se desarrollará a lo largo del tiempo».[23][59]
Pista siria
Previamente, otras personas plantearon distintas hipótesis, como la llamada "pista siria". Carlos Escudé sostuvo que fue un atentado contra el presidente Carlos Menem al cancelar el proyecto de venta de reactores nucleares a Siria y del proyecto Cóndor, que fue vendido a Egipto y que, según Escudé, habría indicios que apuntan a Siria como país desde el que se planificó el atentado a la AMIA. [60][61] [62][63]
En el segundo juicio por el encubrimiento de la AMIA, el expresidente de la DAIA Rubén Beraja -uno de los acusados por encubrir el atentado- alegó que la "pista siria" había sido un invento de uno de los principales jefes del servicio de inteligencia Jaime Stiuso.[64] En 2016 el juez Ariel Lijo, fue separado de la causa por desviar la investigación de la "pista siria".[65]
El 17 de mayo de 2016 el juez Ariel Lijo fue separado de la causa AMIA 2, a pedido de las querellas, con críticas por parte de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sobre la intención del juez de no investigar la llamada "pista siria". En su resolución los camaristas sostienen que la investigación judicial abordaba el caso como una "maniobra global” que lleva a "desviar la línea de investigación que involucraba a Alberto Jacinto Kanoore Edul con el objeto de beneficiarlo".[65] posteriormente el juicio por el encubrimiento atentado a la AMIA, que tiene como acusado a la máxima autoridad de la comunidad judía de aquel entonces, Ruben Beraja, ex titular de la DAIA que investigarán el pago ilegal de 400.000 dólares a Telleldín para declarar contra policías bonaerenses e incriminarlos y por otro lado, y el encubrimiento de la llamada “pista siria” .[66]Paralelamente apareció como prueba un cable emitido a las pocas horas de producido el atentado, donde el gobierno del primer ministro israelí Yitzhak Rabin propuso al gobierno argentino de Carlos Menem coordinar una interpretación unificada de lo sucedido, que conviniera a los intereses políticos de ambas administraciones. Así se desprende de un cable emitido por el embajador argentino en Israel José María Valentín Otegui, a las 2.50 horas del 19 de julio de 1994. [67]
Policía bonaerense
Durante la investigación del juez Galeano y los fiscales Mullen, Barbaccia y Nisman, se abrió la llamada "Causa Brigadas" que investigó una supuesta conexión interna con responsabilidad de la Policía Bonaerense, deteniéndose durante varios años a varios policías. Cuando se realizó el primer juicio por el atentado a la AMIA quedó probado que la hipótesis de investigación era falsa y tenía como objetivo encubrir el atentado, debido a lo cual el tribunal absolvió a los policías bonaerenses enjuiciados y ordenó su liberación.[68] Hasta ahora, fueron detenidas varias personas, que resultaron liberadas en Argentina y Gran Bretaña. El proceso en Argentina fue desprolijo, con numerosas ideas y venidas y operaciones de encubrimiento. En el 2005 el presidente Néstor Kirchner llamó a estas investigaciones incompetentes sin resolver como una «deshonra nacional». El juez que llevaba adelante la causa, Juan José Galeano, fue destituido y dejó de investigarse la hipótesis de una conexión local que habría sido cómplice del atentado ya que involucraba a la policía de la Provincia de Buenos Aires, que había sido armada por el propio juez Galeano, con los fiscales, funcionarios del Estado y dirigentes de la comunidad judía.[69]
Artículos de WikiLeaks sugirieron que la investigación en torno al atentado estuvo fuertemente influenciada por Estados Unidos.[70]
Pedidos de captura. Detención y liberación de Soleimanpour
2014: cada año miles de personas se reúnen en el mismo día y horario en que explotó la bomba para rememorar el atentado.
2015: 21 años después miles de personas se continúan reuniendo en el mismo lugar a la misma hora para recordar a los muertos y pedir justicia.
En marzo de 2003, los fiscales Barbaccia, Mullen y Nisman y el juez Galeano pidieron la captura internacional de varios funcionarios iraníes señalados como sospechosos: Moshen Rabbani, Barat Alí Balesh Abadi, Alí Fallahijan, Alí Akbar Parvaresh y Hadi Soleimapour.[71][72] Interpol libró las órdenes internacionales de captura.
En septiembre de 2003, uno de los imputados, el exembajador Hadi Soleimanpour, fue detenido en Gran Bretaña, pero luego de ser examinado su caso, Gran Bretaña concluyó que no había pruebas para detenerlo, negándose a acatar el fallo argentino, rechazando la extradición y ordenando su liberación.[36]
El fiscal general de Irán respondió a dicho pedido pidiendo a su vez la captura del juez Galeano y el fiscal del caso, afirmando que el pedido argentino carecía de fundamento jurídico y que se trataría de un delito ante la ley internacional.[73]
El gobierno argentino rechazó de «manera categórica» las amenazas del gobierno de Irán frente al pedido de detención internacional a través de la Interpol que pesa sobre el expresidente Ali Bahramie Rafsanjani y otras ocho personas sospechadas de perpetrar el ataque terrorista contra la AMIA, y afirmó que las declaraciones formuladas por los funcionarios de Teherán «constituyen una injerencia en los asuntos internos de la República Argentina».[74]
El exjuez Juan José Galeano respondió que la decisión de Irán de avanzar en un pedido de captura internacional contra él y contra otros funcionarios judiciales argentinos que llevan la causa por el ataque contra la AMIA —el fiscal, Alberto Nisman— le parecía «una represalia, una actitud “compadrita” e irreflexiva».[75]
El 3 de agosto del 2005, Galeano fue destituido de su cargo por la Corte Suprema de Justicia debido a las irregularidades que cometió cuando estuvo al frente de la causa. Entre otras irregularidades cabe mencionar el principal cargo en su contra: el pago secreto a Telleldín para que declarase contra policías bonaerenses en la causa. El tribunal oral absolvió a todos los acusados por el entonces magistrado y lo denunció penalmente.
El 25 de octubre de 2006 la fiscalía, con el nuevo fiscal y nuevas pruebas, volvió a acusar al gobierno de Irán y al Hezbolá como el ejecutor del atentado, solicitando al nuevo juez de la causa la renovación de los pedidos de captura, extendidos ahora a cinco funcionarios iraníes y un ciudadano libanés.[76] Pocos días después el juez Rodolfo Canicoba Corral, ordenó la captura de ocho ex funcionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbolá con el fin de permitirles ejercer su derecho a realizar una declaración indagatoria, antes de resolver sobre su estatus procesal (procesamiento o sobreseimiento).[77][78][4][79][80][81][37][82]
El 7 de noviembre de 2007, el Comité Ejecutivo de Interpol, luego de examinar el pedido de captura del juez de investigación argentino y las quejas de Irán respecto del mismo, ordenó librar circulares rojas para capturar a seis de las nueve personas imputadas:[83]
Imad Mugniyah (exjefe de Hezbolá)
Ali Fallahijan (exjefe de inteligencia de Irán)
Mohsen Rabbani (ex agregado cultural de Irán en Argentina)
Ahmad Reza Asghari (ex tercer secretario de Irán en Argentina)
Ahmad Vahidi (exjefe de la Fuerza Quds, el ministro de Defensa de Irán entre 2009 y 2013), acusado de ser el autor intelectual del atentado.
Mohsén Rezaí (exjefe de la Guardia Revolucionaria iraní)[83]
Por la misma resolución Interpol dispuso suscribir las conclusiones de la Oficina de Asuntos legales del organismo, ordenando no librar circulares rojas de captura contra el expresidente de Irán Ali Rafsanjany, el exministro de Relaciones Exteriores Ali Akbar Velayati y el exembajador en Buenos Aires Hadi Soleimanpour.[83][84][85][86][87][87][88]
Hacia octubre de 2018 las circulares rojas de Interpol continuaban vigentes, pero en doce años no había sido detenida ninguna de las seis personas imputadas.
Los juicios
Primer juicio
En 2001, luego de siete años de investigaciones realizadas por los fiscales federales Eamón Mullen, José Barbaccia y Alberto Nisman y el juez Juan José Galeano, la justicia argentina llevó a juicio a varios acusados de haber formado parte de la llamada "conexión local" que causó el atentado, entre los que se destacaban Carlos Telleldín y el comisario Juan José Ribelli.
El juicio se inició el 24 de septiembre de 2001, ante el Tribunal Oral Federal nº 3, integrado por los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, con la presencia de un observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigida por Memoria Activa, a raíz de las sospechas planteadas por esa organización contra el Estado argentino.[44]
Se trató de un juicio oral contra 22 acusados de ser la conexión local y haber facilitado la camioneta con explosivos, entre ellos el ex comisario de la Policía Bonaerense Juan José Ribelli y Carlos Telleldín.[32]
El juicio contó la presencia de un observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Memoria Activa cuestionó la investigación y al juez Galeano. Apemia rechazó el juicio oral y lo consideró una maniobra de encubrimiento por parte del Estado argentino.[33]
Durante el curso del juicio, la SIDE y la DAIA se opusieron a que se levantara la restricción para declarar sobre los agentes de inteligencia.[44] Al levantarse las restricciones para declarar, quedó expuesto en el juicio una amplia operación para encubrir el atentado que involucraba al Poder Ejecutivo Nacional, la SIDE, el Poder Judicial, la Policía Federal y El presidente de la DAIA.[44]
El 2 de septiembre de 2004 el tribunal dictó sentencia absolviendo a todos los acusados y ordenando investigar por encubrimiento a los funcionarios y dirigentes que quedaron expuestos durante el juicio, entre ellos el juez de la causa Juan José Galeano, los dos fiscales que investigaron el atentado desde el inicio Eamon Mullen y José Barbaccia, el exministro Carlos Corach, el exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Rubén Beraja y el juez Gabriel Cavallo.[89] La sentencia además declaró la nulidad de la Causa Brigadas y de la declaración indagatoria de Telleldín, y con ello de gran parte de la causa AMIA.[89] Pocos meses después, la causa contra el juez Cavallo sería archivada a pedido de los fiscales Gerardo Pollicita y Alberto Nisman.[90] En 2009, la Corte Suprema en fallo dividido, confirmó la nulidad de la Causa Brigadas pero modificó la sentencia en lo relativo a la nulidad de la Causa AMIA, limitándola solo a aquellas actuaciones en las que el juez Galeano hubiera actuado con parcialidad, reabriendo de ese modo la causa con respecto a Telleldín.[91]
Segundo juicio (AMIA 2)
Luego de veintiún años del atentado, en agosto de 2015 comenzó el segundo juicio, esta vez contra trece personas procesadas por el fiscal Alberto Nisman por participación y encubrimiento del atentado a la AMIA, relacionados con la "conexión local":[92][93]
Carlos Menem, expresidente de Argentina (1989-1999);[93]
Hugo Anzorreguy, ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Menem;[93]
Juan Carlos Anchézar, exsubsecretario de la SIDE;[93]
Patricio Finnen, ex jefe de contrainteligencia de la SIDE;[93]
Juan José Galeano, ex juez a cargo de la causa AMIA;[93]
Eamon Mullen, ex fiscal a cargo de la causa AMIA;[93]
José Barbaccia, ex fiscal a de cargo de la causa AMIA;[93]
Rubén Beraja, expresidente de la DAIA;[93]- Jorge Alberto Palacios, excomisario de la Policía Federal Argentina y exjefe de la Policía Metropolitana de Buenos Aires;[93]
Carlos Castañeda, excomisario de la Policía Federal Argentina;[93]
Carlos Telleldín, acusado de ser el entregador del coche bomba.- Ana Boragni, esposa de Telleldín;[93]
Víctor Stinfale, exabogado de Telleldín.[93]
Se los acusa de presionar indebidamente a funcionarios, encubrimiento, falsedad ideológica de documento público, violación de medios de prueba, abuso de autoridad, peculado, ofrecer sobornos, posible fabricación de pruebas, compartir información sensible con sospechosos, coacción y privación abusiva de la libertad agravada.
El juicio es dirigido y será sentenciado por el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Luciano Gorini, Karina Perilli y Néstor Guillermo Costabel. En total actúan treinta y una querellas unificadas en seis cabezas: Memoria Activa (Asociación de amigos y familiares de las víctimas), 18J (Asociación de familiares), Apemia (Asociación de familiares), AMIA-DAIA, policías bonaerenses, Unidad AMIA (Estado argentino).[93]
El 30 y 31 de marzo de 2017 renunciaron a sus cargos de querellantes de la Unidad AMIA del Poder Ejecutivo Nacional, los abogados Mariana Stilman y Ezequiel Strajman, quienes denunciaron que la renuncia estuvo motivada en las intrucciones verbales y presiones recibidas del ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, para limitar su accionar en el juicio y dejar de asistir a las audiencias.[94][95][96][97] Ante los hechos, la asociación de víctimas del atentado Memoria Activa, publicó una carta abierta al presidente Macri sosteniendo que "lo que se busca desde el gobierno es encubrir a los encubridores que están siendo juzgados, desde agosto de 2015".[98]
Luego de tres años de audiencias, el 26 de octubre de 2017 comenzaron los alegatos (conclusiones de las partes sobre las pruebas y propuesta de penas), etapa inmediatamente anterior a la sentencia. En septiembre de 2018 los alegatos aún no habían finalizado.
Síntesis de actos judiciales desde 2001
En 2001, siete años después del atentado, se inició un juicio oral contra 22 acusados de ser la conexión local y haber facilitado la camioneta con explosivos, entre ellos el ex comisario de la Policía Bonaerense Juan José Ribelli y Carlos Telleldín.[32]
El juicio contó la presencia de un observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Memoria Activa cuestionó la investigación y al juez Galeano y APEMIA rechazó el juicio oral al considerarlo una maniobra de encubrimiento por parte del Estado argentino.[33]
En 2003, después de nueve años de investigación, la justicia de la etapa de investigación del sistema judicial argentino -institución diferente y previa a la justicia de enjuiciamiento-, acusó formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y al Hezbolá de ejecutarlo, imputando a ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés, contra los que ordenó alertas rojas de captura de la Interpol que fueron aprobadas, de ser los autores.[35][36][37][3][38][39][40] Según la investigación del juez Galeano, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.[4]
En septiembre de 2003, uno de los imputados iraníes, el ex embajador Hadi Soleimanpour, fue detenido en Londres, pero el Reino Unido rechazó su extradición a la Argentina y lo liberó.[36]
Irán, como respuesta, ordenó la captura de cinco ciudadanos argentinos, Carlos Corach (Ministro del Interior), Rubén Beraja (dirigente de DAIA), Juan José Galeano (juez), Eamon Mullen y José Barbaccia (fiscales).[41]
En diciembre de 2003 el Juez Galeano fue apartado de la causa.[42][99]
El 2 de septiembre de 2004 el tribunal dictó sentencia absolviendo a todos los acusados del juicio oral.[43] También ordenó investigar a Carlos Telleldín, acusado de cobrar una recompensa de 400 mil dólares para involucrar a los policías bonaerenses. Telledín permaneció encarcelado. También ordenó investigar las irregularidades de algunos funcionarios y dirigentes, entre ellos el expresidente Carlos Menem, el ex ministro del interior, Carlos Corach, el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el juez Juan José Galeano, por haber habilitado el pago a Telleldín, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Beraja, y el comisario Jorge "Fino" Palacios.[44]
El 13 de septiembre de 2004 se creó una fiscalía especial para el caso AMIA, a cargo de la cual quedó designado Alberto Nisman, la llamada Unidad Fiscal AMIA.
Luego se inició una nueva causa por encubrimiento contra los funcionarios que se había ordenado investigar. En noviembre de 2005 fue separado el Juez Claudio Bonadío de este juicio, acusado de falta de imparcialidad. Siendo calificado como el juez más famoso de «la servilleta de Corach». [100] El entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, lo nombró como parte de un grupo de jueces que beneficiarían al presidente Menem, nombres los cuales le habría escrito otro ministro, el de Interior, Carlos Corach, en una servilleta.[101] Allí se contenía una lista de jueces preparados para actuar según las órdenes y necesidades políticas de Menem, donde también figuraban otros jueces como Jorge Ballestero y Rodolfo Canicoba Corral. Finalmente Bonadio fue reemplazado por el Juez Ariel Lijo.
[102]
En 2006 el nuevo fiscal designado en 1997,[103] Alberto Nisman, luego de reexaminar toda la causa y cruzar cerca de 300 millones de llamados telefónicos, aseguró tener nuevas pruebas.[104]
El juicio finalizó con la absolución de todos los acusados y la revelación de un amplio encubrimiento en el que estaban involucrados el propio juez de la causa y dos de los tres fiscales, las más altas autoridades del país incluyendo al presidente de una de las principales organizaciones de la comunidad judía argentina Rubén Beraja, la policía y los servicios de informaciones. El fallo fue hecho público el 2 de septiembre de 2004,[105] y la sentencia con los fundamentos del mismo dictada el 29 de octubre de ese mismo año.[106]
Entonces el nuevo juez de la causa por el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, quien reemplazaba al Juez Galeano, volvió a ordenar la captura de los ocho ex funcionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbolá acusados por la fiscalía.[107][78][4][79][80][108][37][82]
El 7 de noviembre de 2007, Interpol ratificó las decisiones de la justicia argentina, y ordenó la emisión de circulares rojas para capturar a Mugniyah y cinco de los fugitivos iraníes, y llevarlos ante la justicia.[87][88]
Desde entonces, el gobierno argentino ha requerido a Irán la extradición de sus ciudadanos acusados por el ataque para ser juzgados por un tribunal argentino o extranjero, pero Irán se ha negado a acatar la orden de la justicia argentina.[109] [110][111]
El lunes 19 de enero de 2015 Alberto Nisman, debía presentarse ante el Congreso Nacional para presentar las supuestas evidencias, entre las que se encontraban escuchas telefónicas, pero el mismo día, a primeras horas de la madrugada, apareció muerto de un tiro calibre 22. Las hipótesis que se evalúan son suicidio, suicidio inducido o asesinato.[112][113]
[114]
[115]
[116]
[117] La muerte del fiscal Nisman generó manifestaciones multitudinarias en todo el país.
El 6 de agosto de 2015 se inició el segundo juicio, encubrimiento y complicidad local en el atentado, contra trece ciudadanos argentinos, entre ellos el expresidente Carlos Menem, el ex juez de la causa AMIA Juan José Galeano, dos de los fiscales actuantes Eamon Mullen y José Barbaccia, el expresidente de la Delegación de Asociaciones Isrealitas Argentinas (DAIA) Rubén Beraja, el ex jefe del servicio de inteligencia Hugo Anzorreguy y el ex comisario de la Policía Federal Jorge "Fino" Palacios.
En mayo de 2016 la Cámara separó al juez Ariel Lijo de la causa por encubrimiento, haciendo lugar al reclamo de Memoria Activa, luego de que el juez sobreseyera a varios sospechosos.[118] En agosto de 2016, 22 años después del atentado, se identificó a la última víctima del atentado.[119]
En marzo de 2017 renunciaron los abogados del gobierno en el segundo juicio oral, denunciando presiones del ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano para limitar su accionar en el proceso.[94][95][96][97] Ante los hechos, la asociación de víctimas del atentado Memoria Activa, publicó una carta abierta al presidente Macri sosteniendo que "lo que se busca desde el gobierno es encubrir a los encubridores que están siendo juzgados, desde agosto de 2015".[98] En febrero de 2018 el gobierno argentino dejó caer la acusación contra los exfiscales Mullen y Barbaccia y pidió penas menores para los acusados, a través de una decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo de Germán Garavano, llevada adelante mediante el alegato realizado por el abogado José Console en nombre del gobierno, acto que fue criticado como "amiguismo" y "encubrimiento" por la diputada Elisa Carrió.[120] Pocos días después el tribunal dispuso apartar de la causa al abogado del gobierno Console, por estar inhabilitado por incompatibilidad de funciones, aunque consideró válido el cuestionado alegato realizado por el abogado excluido.[121] En marzo de 2018, el exsecretario de la Unidad AMIA del ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla, denunció al ministro Germán Garavano y otros funcionarios bajo su mando, por encubrimiento y corrupción en la causa AMIA 2.[122]
Denuncia contra Argentina en la CIDH
En 2003 Memoria Activa, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), acusaron al juez Juan José Galeano y al estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la pérdida y destrucción de pruebas relevantes.[123]
El caso finalizó en 2005 con el reconocimiento formal del Estado argentino de su responsabilidad por la ausencia de medidas de prevención y el encubrimiento posterior del atentado contra la AMIA, reconocimiento formalizado por Decreto 81/2005 del presidente Néstor Kirchner.[124]
Denuncia contra Irán en las Naciones Unidas
El 25 de septiembre de 2007 el presidente de Argentina Néstor Kirchner denunció a Irán por su falta de colaboración para esclarecer el atentado en la AMIA, ante la 62.ª Asamblea General de las Naciones Unidas:
Esperamos que la República Islámica de Irán acepte y respete la decisión de la Justicia y colabore eficazmente... Estamos pidiendo que Irán cumpla. Nada más, pero tampoco nada menos... Hasta hoy lamentablemente La República Islámica de Irán no ha brindado una total colaboración pedida por la Justicia argentina para el esclarecimiento del hecho.[125]
La denuncia fue duramente respondida por Irán a través del portavoz de su cancillería, Mohamed Ali Hoseini.
Otras acusaciones
Todos somos AMIA
El 24 de mayo de 2013, dos de los sospechosos iraníes acusados de planificar el atentado a la AMIA, Mohsén Rezaí y Alí Akbar Velayatí, fueron anunciados como candidatos para las elecciones presidenciales iraníes.[126][127][128]
En mayo de 2013, el fiscal Alberto Nisman emitió un nuevo dictamen con más de 500 páginas acusando a Irán de infiltrarse en Sudamérica para establecer redes de inteligencia destinadas a cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas en países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam. También atribuyó al ex agregado cultural iraní en la Argentina, Moshen Rabbani, acusado por el ataque a la AMIA, la coordinación de la penetración en Sudamérica y especialmente en Guyana a través de su discípulo Abdul Kadir, quien fue sentenciado en 2010 a prisión perpetua por su responsabilidad en el frustrado atentado al aeropuerto de Nueva York. Respecto del ataque a la AMIA, Nisman reafirmó que no fue un hecho aislado, sino que fue «un engranaje, una parte de un entramado mucho mayor, dominado por una fuerte penetración iraní en la región».[129][130][131]
Acuerdo Argentina-Irán y Comisión por la verdad
El 27 de enero de 2013, el gobierno de Cristina Kirchner confirmó que firmó con el gobierno de Mahmud Ahmadineyad, el Memorándum de Entendimiento Argentina-Irán que incluía la creación de una Comisión de la Verdad con el objetivo de «avanzar en la investigación del atentado». El acuerdo contemplaba la creación de una comisión integrada por «cinco comisionados y dos miembros designados por cada país, seleccionados conforme a su reconocido prestigio legal internacional» y además señalaba que los mismos «no podrán ser nacionales de ninguno de los dos países».
El acuerdo quedaría firme una vez que sea aprobado tanto por el Poder Legislativo argentino como por el Parlamento iraní.[132][133] A partir de eso el gobierno reflotó la pista siria poniendo en duda la investigación del fiscal Nisman.
La comunidad judía se opuso firmemente a través de sus dos principales entidades judías argentinas, la AMIA y la DAIA, y llevó el caso a los tribunales.[134][135][136][137][138]
La primera reacción de la agrupación Memoria Activa fue de rechazó pero después de una reunión con Héctor Timerman, cambiaron de opinión y lo apoyaron a pesar de que antes habían negado la posibilidad de la existencia de un pacto con Irán y habían tratado de mentiroso al periodista José Eliaschev al denunciarlo.[139] Sergio Burstein, de la Agrupación 18J (Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas), quien había sido excluido de los actos de la AMIA por su cercanía con el gobierno kirchnerista y sus críticas a dirigentes de la comunidad judía, apoyó el acuerdo desde el principio firmemente.[140][141]
Ambos grupos vieron con optimismo el acuerdo, aunque la presidenta de Memoria Activa, Adriana Reisfeld, reconoció que tenía muchas dudas de que el acuerdo sirviera para algo y afirmó que el memorándum no era lo que ellos hubiesen querido porque decía que los ciudadanos iraníes serían indagados y no interrogados.[142][143][144][145][146]
El acuerdo entre Irán y Argentina provocó una intensa polémica en la Argentina,[147][148][149][150][151] dentro de la comunidad judía,[152][153][154][155][156][157][158][159][160][161] y tuvo repercusión internacional.[162][163][164][165][166][167][168][169][170]
Dos organizaciones de la comunidad judía, la DAIA y la AMIA, decidió llevar el caso a los tribunales solicitando una acción de amparo.[171][172] El fiscal de la causa AMIA, Nisman, también. El juez de la causa Canicoba Corral resolvió que el tratado era válido. El 21 de febrero de 2013 la Cámara de Senadores ratificó el memorándum y el 27 de febrero de 2013 hizo lo propio la Cámara de Diputados. En tanto el fiscal de la causa Alberto Nissman opino:
En relación con la propuesta formulada por Teherán de mantener reuniones con su similar de Buenos Aires para discutir la futura cooperación en esta investigación, toda medida que implique una cooperación que tenga por objeto materializar y dar respuesta eficaz a los requerimientos formulados por la justicia argentina, esta Unidad Fiscal la recibe con beneplácito y la encuentra altamente constructiva.
Alberto Nisman[173]
En mayo de 2014, la Cámara Federal declaró inconstitucional el memorándum.[174]
El 18 de julio de 2014, al cumplirse 20 años del atentado, en un acto multitudinario, el vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, reclamó nuevamente la derogación del memorándum de entendimiento Argentina-Irán y exigió medidas concretas para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado.[175]
El 11 de diciembre de 2015, se confirmó que la nueva gestión del Presidente recientemente electo Mauricio Macri dejaría caer el trámite que buscaba revocar la inconstitucionalidad de aquel pacto. Con esta decisión, el Memorándum con Irán ya no tendrá vigencia para ser aplicado. [176] Este hecho fue celebrado tanto por la comunidad judía como oficialmente por el propio primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. [177]
El experto en relaciones internacionales Carlos Escudé, quien fuera funcionario de la Cancilería argentina durante la presidencia de Carlos Menem, sostuvo que el atentado a la AMIA fue un acto de venganza con el fin de castigar al entonces presidente Carlos Menem, por su decisión de alinearse con Estados Unidos y cancelar el proyecto de venta de reactores nucleares a Siria y del proyecto Cóndor, que fue vendido a Egipto y que, según Escudé, habría indicios que apuntan a Siria como país planificador del atentado a la AMIA. [60][61] [62]
Espionaje a familiares de las víctimas
En octubre de 2009, Sergio Burstein, líder de la comunidad judía que había liderado la oposición contra el nombramiento de Fino Palacios como jefe de Policía debido a sus conexiones con el atentado terrorista a la AMIA de 1994, denunció penalmente que estaba siendo espiado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.[178]Burstein denunció que estaba siendo amenazado y pidió custodia para su casa antes de saber que tenía los teléfonos intervenidos.[179]Poco después, la justicia verificó que en efecto, Burnstein estaba siendo espiado, investigando a Fino Palacios y su sucesor Osvaldo Chamorro; un abogado de la policía Federal que se desempeñaba para el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (Ciro James); y dos jueces de la Provincia de Misiones, entre otros.[180]Lo que llevó al dewscubrimeinto de una estructura de espionaje paraestatal, con escuchas telefónicas ilegales que presuntamente habría empleado el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para fines personales.[179][181] [182][183][184] Ciro Gerardo James, un abogado y miembro de la Policía Federal, fue detenido el 5 de octubre de 2009 acusado de realizar escuchas telefónicas ilegales por orden del ex comisario Jorge Alberto «Fino» Palacios, cuando la justicia le encontró, durante un allanamiento, dos aparatos para interferir teléfonos.[178]
Sergio Burstein una de las víctimas de espionaje declaró que la investigación duró muchos años, y que el fiscal Nisman contó que 'como viene la cosa, llegamos hasta Macri, no tengas ninguna duda. Éstos metieron una side paralela en la Ciudad de Buenos Aires', me dijo, y apareció un papelito mostrando que Ciro James estaba contratado en el Ministerio de Educación (porteño) y estalló todo".[185][186]
Muerte del fiscal de la causa del atentado a la AMIA
2015: el nombre del fiscal agregado a la lista de las víctimas de la AMIA
2016: conmemoración por un año de la muerte del fiscal Alberto Nisman en la que una multitud pide justicia por el atentado a la AMIA y por el esclarecimiento de la muerte del fiscal.
El 14 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman, denunció a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner por «decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán», junto al canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque y al piquetero Luis D'Elía, y pidió la indagatoria de todos ellos.[187][188][189][190][191][192]
Sin embargo posteriormente saldrían a la luz documentos donde Nisman daba su apoyo al Memorándum, uno de ellos fechado el 27 de febrero de 2008:
En relación con la propuesta formulada por Teherán de mantener reuniones con su similar de Buenos Aires para discutir la futura cooperación en esta investigación, toda medida que implique una cooperación que tenga por objeto materializar y dar respuesta eficaz a los requerimientos formulados por la justicia argentina, esta Unidad Fiscal la recibe con beneplácito y la encuentra altamente constructiva.
Alberto Nisman[173]
En 2010, Alberto Nisman había denunciado al juez de la causa Amia Claudio Bonadio[193]por amenazas y espionaje ilegal junto al funcionario macrista Fino Palacios y el ex ministro Carlos Corach[194] Nisman también denuncio Bonadio en 2010 por los mensajes intimidatorios que recibió contra su persona, pero que también ponían en riesgo a sus hijas Iara y Kala[195] y de haber querido asesinarlo para desplazarlo de la causa AMIA.[196]
El lunes 19 de enero de 2015 Natalio Alberto Nisman, aparecio muerto horas antes que estaba citado ante el Congreso Nacional para presentar las supuestas evidencias. Las hipótesis que se evalúan son suicidio, suicidio inducido o asesinato.[112][113]
[114]
[197]
[115]
[116]
[117] La muerte del fiscal Alberto Nisman generó manifestaciones multitudinarias en todo el país.
La denuncia fue rechazada por el juez Daniel Rafecas por resolución del 26 de febrero de 2015 por entender que no había elementos suficientes para abrir una causa penal.[198]
El 18 de enero de 2016, 22 años después del atentado terrorista y todavía sin ninguna persona condenada o encarcelada, se realizó una conmemoración al cumplirse un año de la muerte del fiscal Alberto Nisman en la que una multitud pidió justicia por el atentado a la AMIA y por el esclarecimiento de la muerte del fiscal, que es considerado el muerto número 86 producto del atentado.[199][200]
La causa pasó al fuero federal.[201]
Desde la muerte de Nisman, la Unidad Fiscal AMIA está a cargo de Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini.[202]
Denuncia por encubrimiento contra el ministro Garavano y otros
El 12 de diciembre de 2015 el presidente Mauricio Macri creó una Secretaría de Estado para el seguimiento de las causas AMIA y Nisman y designó para dirigirla al exsenador de Chubut, Mario Cimadevilla, de la Unión Cívica Radical.[203] Menos de dos años después, el gobierno consideraba que la Unidad AMIA ya había cumplido su ciclo y que no logró los resultados esperados, evaluando el cierre de la misma.[204] En febrero de 2017 la gestión de la Unidad AMIA fue cuestionada por la asociación de familiares de víctimas de la AMIA Memoria Activa,[205] y por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, imputándole al ministro Germán Garavano haber dejado caer la acusación contra dos exfuncionarios acusados de encubrir el atentado a la AMIA en el juicio AMIA 2.[206]
El 5 de marzo de 2018, Macri eliminó la Secretaría de Estado para el seguimiento de las causas AMIA y Alberto Nisman, que había creado dos años antes.[207] Al disolverse la Unidad, fue cesado también el funcionario que estaba a cargo de la misma, el radical Mario Cimadevilla.
Dos semanas después de dejar su cargo, el 22 de marzo de 2018 Mario Cimadevilla denunció por encubrimiento del atentado de la AMIA al ministro Garavano, al secretario de Justicia Santiago Otamendi, al exjefe de gabinete del Ministerio de Justicia, Esteban Conte Grand, y otros funcionarios por los delitos de encubrimiento del atentado a la AMIA, cohecho, abuso de autoridad, y violación de deberes de funcionario público. Cimadevilla afirmó en su denuncia que "el ministro Garavano fue el que pidió absolver a los fiscales de la causa AMIA", imputados por encubrir el atentado.[208]
Referencias en la cultura popular
- Anita (película)
- La banda chilena La Ley menciona el hecho en una de la letra de la canción "Cielo Market"
Véase también
Portal:Judaísmo. Contenido relacionado con Judaísmo.- Lista de los fallecidos en el atentado a la AMIA
- Atentado a la embajada de Israel en Argentina
- Lista de masacres en la Argentina (siglo XX)
Portal:Judaísmo. Contenido relacionado con Judaísmo.
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Enlaces externos
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Pictures from the tenth anniversary commemoration (en inglés).- Memorial del atentado con fotos, videos y testimonios
- Sitio oficial del 15.º aniversario del atentado.
Campaña mundial para pedir por justicia en el sitio web Sign for Justice.
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