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Conmemoración y homenaje a las víctimas y sobrevivientes de la dictadura cívico-militar de Chile. El recinto que se vislumbra en la imagen corresponde a Londres 38, centro clandestino de detención y torturas de la DINA, la policía secreta del régimen por aquel entonces.

Las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile son aquellos crímenes contra la humanidad que tuvieron lugar durante la dictadura del general Augusto Pinochet, donde efectivos de las tres ramas de las FF.AA., funcionarios de Carabineros y agentes de civil miembros de las policías secretas de la dictadura (la DINA y la CNI) efectuaron una política sistemática, prolongada y masificada de persecución, encarcelamiento, secuestro, tortura, asesinato, desaparición y en última instancia el exterminio de opositores políticos al régimen de Pinochet, recurriendo a además a falsos enfrentamientos, la censura y a la desinformación para ocultar y/o desligarse de la responsabilidad de dichos crímenes.

Dicho periodo se prolongó desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990.

De acuerdo a los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig Actualizado), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech Actualizado), la cifra de víctimas directas ascendería, a unas 31 686 personas, de las cuales 28 459 casos fueron víctimas de tortura y 3 227 casos fueron víctimas muertas o desaparecidas (con 2 125 casos de víctimas muertas y 1 102 casos de víctimas desaparecidas).

Además, unas 200 000 personas habrían sufrido el exilio y un número indeterminado habría pasado por centros clandestinos e ilegales de detención. Las cifras varían mucho, y siguen siendo solo un punto de referencia cuestionable.

Bajo los informes de las comisiones, no es posible aclarar si los casos de víctimas de detenidos desaparecidos corresponden efectivamente a casos de víctimas con resultado de muerte, porque en la mayoría de estos casos, no es posible encontrar los cuerpos para comprobar este hecho.

Contexto histórico

Bombardeo del Palacio de La Moneda durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado al mando de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas terminó con el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende. Es parte de dicho contexto histórico el hecho de que el 22 de agosto de 1973 la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo que denunciaba un grave quebrantamiento del orden constitucional y le representaba a las Fuerzas Armadas que debían "poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes". A los pocos días, Unidades blindadas y de infantería del ejército atacaron el Palacio de La Moneda (sede de gobierno) y aviones de la Fuerza Aérea lo bombardearon. Tras el bombardeo de la sede presidencial, Allende se suicidó^[1]​^[2]​ y la resistencia en el Palacio fue neutralizada.

Buque Escuela Esmeralda, utilizado como centro de detención y torturas en 1973.

Ministros de gobierno y colaboradores cercanos al Presidente fueron detenidos y llevados a centros ilegales de detención. Inmediatamente al Golpe de Estado se declaró el toque de queda en todo el territorio nacional a partir de las 15 horas del 11 de septiembre de 1973. Se silenciaron las radios Portales, Magallanes y Corporación, y los diarios El Clarín, El Siglo, Puro Chile y otros fueron allanados y sus prensas destruidas. En las zonas rurales se detuvo a muchos dirigentes de la Reforma Agraria, muchos fueron ejecutados en el lugar de detención.

El 12 de septiembre, por medio del Bando Militar n° 5 las Fuerzas Armadas y de Orden declararon unilateralmente el Estado de Guerra interna en Chile. Se declaró ilegal y proscrito a los partidos Comunista, Socialista y las demás organizaciones de izquierda; los partidos Nacional, Democratacristiano y Radical fueron suspendidos cuando se disolvió el Congreso Nacional. También fue disuelto el Tribunal Constitucional, los registros electorales fueron quemados y se ordenó el cese de funciones de Alcaldes, Regidores y Rectores de las universidades públicas. Los militares llamaron a la población a denunciar a los líderes y adherentes de la Unidad Popular como «traidores a la Patria».

Se llamó a aquellos que tuvieran cargos y representatividades de grupos sociales a entregarse a las comisarías para regularizar su situación. Se detuvieron a miles de personas y fueron conducidas al Estadio Chile y luego al Nacional, a aquellas personas que fueron llamadas a viva voz y respondieron de entre la multitud fueron ejecutadas en el mismo lugar, como es el caso de Víctor Jara. Las poblaciones populares tales como La Legua, La Victoria y La Bandera fueron allanadas y sus pobladores detenidos en masa.

Miles de personas fueron detenidas a lo largo de todo el país durante los primeros días de la dictadura, sin importar clase social, género, ocupación, estado civil o edad. Según datos de Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a diciembre de 1973, por motivos políticos, habían sido detenidas cerca de 250 000 personas,^[3]​ es decir, el 2,7% de la población chilena.

Ante la gran cantidad de denuncias y la inexistencia de instancias formales, en octubre de 1973 se crea el Comité de Cooperación para la Paz en Chile con la participación de las Iglesias Católica, Luterana, Ortodoxa, Evangélica y la Comunidad Israelita, para realizar una acción ecuménica de ayuda a las personas y familias afectadas.^[4]​

En junio de 1974 la Junta Militar crea la DINA, a cargo del teniente Coronel de ingenieros Manuel Contreras. El proyecto fue aprobado por la Comunidad de Inteligencia, con el voto en contra del Jefe de Inteligencia de Carabineros de la época, General Germán Segundo Campos Vásquez, quien desaprobó el proyecto porque creaba una entidad ajena a todo control institucional, a las órdenes y mando directo del General Augusto Pinochet.

Los tres expresidentes de la República vivos - Gabriel González Videla, Jorge Alessandri y Eduardo Frei - respaldaron, cada uno en su estilo, la intervención militar y la consecuente deposición del gobierno de Salvador Allende.

Las violaciones de los derechos humanos como política de Estado

Las violaciones de los derechos humanos fueron una práctica sistemática durante la dictadura militar, la cual fue posible dada la concentración de distintos poderes del Estado en manos de la Junta Militar de Gobierno, la renuncia del poder judicial a algunas de sus funciones, a la creación de organismos represivos (DINA y CNI) y a la ausencia de libertad de prensa.^[5]​ De acuerdo a la Comisión Valech:

... la prisión política y la tortura constituyeron una política de estado del Régimen Militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, y dictó decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas. Y en esto contó con el apoyo, explícito algunas veces y casi siempre implícito, del único Poder del Estado que no fue parte integrante de ese régimen: la judicatura.

Síntesis del Informe Valech, pág. 12

Organismos represivos

DINA

Manuel Contreras, director de la DINA

La DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) fue la policía secreta durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet entre 1973 y 1977. Fue creada formalmente a través del decreto ley 521 de junio de 1974, aunque ya funcionaba de facto desde fines de 1973. Dirigida por el teniente coronel Manuel Contreras, fue creada con el objetivo de reprimir, desarticular y eliminar elementos calificados como subversivos por el régimen, así como asesinar a figuras notables de la oposición a la dictadura en el exilio. La DINA fue responsable de la mayor parte de los casos de asesinatos, tortura, secuestro y desaparición forzada de personas realizados durante la dictadura militar. Fue reemplazada en agosto de 1977 por la CNI (Central Nacional de Informaciones).

El Informe Hinchey señala que entre 1974 y 1977, la CIA mantuvo contacto regular pagado^[6]​ con el entonces director de la DINA.^[7]​ El gobierno de los Estados Unidos aprobó esta relación mercenaria con Contreras puesto que «dada su posición como jefe de la principal organización de inteligencia en Chile, era necesario para cumplir la misión de la CIA, a pesar de las preocupaciones de que esta relación pudiera exponer a la CIA a acusaciones de estar colaborando en la represión política interna».

CNI

La CNI fue creada por el decreto ley 1878 el 13 de agosto de 1977, luego de la disolución ese mismo año de su antecesora, la DINA, por múltiples conflictos internos de poder.^[8]​ A pesar de ser un organismo integrante de la Defensa Nacional, la CNI dependía directamente del Ministerio del Interior.

Fue responsable de numerosos casos de infiltración política, asesinato, secuestro y tortura de personas, entre los que se destacan los asesinatos del dirigente sindical Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría Mundaca en 1982, y la Matanza de Corpus Christi en 1987. Se investiga su participación en el presunto envenenamiento que habría ocasionado la muerte del expresidente de la República Eduardo Frei Montalva en 1982. Fue disuelta en febrero de 1990, poco antes del retorno a la democracia.

Detenidos desaparecidos

Manifestación en el memorial de Detenidos Desaparecidos, en el Cementerio General de Santiago.

Carta desde prisión de Manuel Guerrero en 1976, detenido nuevamente años más tarde y degollado junto a José Manuel Parada y Santiago Nattino.

Desde el mismo día del golpe, las autoridades militares comenzaron una masiva detención de adherentes y autoridades del gobierno de la Unidad Popular. Algunos de estos detenidos fueron ejecutados para luego hacer desaparecer sus cuerpos. De acuerdo a la Comisión de Verdad y Reconciliación en Chile se practicaron dos mecanismos de desaparición forzada de personas:

Una que prevaleció en los meses inmediatamente posteriores al 11 de septiembre de 1973. Las detenciones al parecer fueron practicadas, en distintos puntos del país, por diversas unidades de uniformados, a veces acompañados de civiles. En el fondo, consistieron en una ejecución sumaria o asesinato de la víctima, disponiéndose luego del cadáver (por lo común lanzándolo a un río o enterrándolo clandestinamente) todo ello seguido de negación de los hechos o de la entrega de versiones falsas. La desaparición en estos casos es más bien un modo de ocultar o encubrir los crímenes cometidos, antes que el resultado de acciones sujetas a una coordinación central que tuvieran por objeto eliminar a categorías predeterminadas de personas.

La segunda forma de "desapariciones" fue practicada principalmente entre los años 1974 y 1977, siendo responsable principal, pero no única, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). En el conjunto de esos casos sí ha podido convencerse la Comisión de que había detrás una voluntad de exterminio, dirigida sistemáticamente y por motivaciones políticas, en contra de ciertas categorías de personas.^[9]​

En la actualidad el número de Detenidos Desaparecidos se estima en 1 248 personas, cuyos restos aún no han sido localizados, 127 de los cuales tenían ciudadanía extranjera, 79 eran mapuches y 54 eran menores de edad al momento de la detención.

En 2001 el presidente Ricardo Lagos declaró que el gobierno hizo llegar a los tribunales 180 casos de detenidos desaparecidos, que fueron arrojados al mar, ríos, lagos, de los cuales 130 estarían perdidos parcialmente, los otros estarían en una fosa clandestina dentro de la capital.^[10]​

Comisiones oficiales

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue creado para recordar a las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura de Pinochet

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación - Informe Rettig

Bajo el primer gobierno de la transición, liderado por Patricio Aylwin, fue convocada la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, para esclarecer el número de víctimas mortales de la dictadura, y el paradero de los detenidos desaparecidos. La Comisión, presidida por el abogado militante del Partido Radical, Raúl Rettig, y conocida por el apellido de este, evacuó el Informe Rettig en marzo de 1991. El día 4 del mismo mes, el presidente Aylwin se dirigió a la Nación, indicando que el balance final del periodo examinado (11 de septiembre de 1973 a 11 de marzo de 1990) arroja 2 279 víctimas, de las cuales:

• 2 115 casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, y


• 164 casos de víctimas de violencia política.^[11]​

De estas:

• 1 068 fueron calificados como "muertos por agentes del Estado o personas a su servicio",


• 957 como "detenidos por agentes del Estado y desaparecidos", y


• 90 como "muertos por atentados cometidos por particulares bajo pretextos políticos", esto es, uniformados que fueron muertos por particulares.


• Además, la comisión conoció otros 641 casos "respecto de los cuales no pudo formarse convicción y considera necesaria que se continúe investigando".^[12]​

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación Revisada - Informe Rettig II

Más tarde, las cifras del primer Informe fueron corregidas,^[13]​ estableciéndose que el total de víctimas fue de 2 298 personas, de las cuales:

• 2 130 casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, y


• 168 casos de víctimas de violencia política.^[14]​

De estas, se calificaron:

• 1 319 casos de víctimas muertas,


• 979 casos de víctimas desaparecidas, y^[15]​


• 634 otros casos, respecto de los cuales la Comisión no pudo formarse convicción.^[16]​

Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación - Informe CNRR

La Ley 19123 del 8 de febrero de 1992 creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y le encomendó calificar la posible condición de víctimas de aquellas personas respecto de las cuales a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) no le fue posible formarse convicción o cuyos casos no alcanzó a examinar por falta de antecedentes suficientes.^[17]​

Los resultados del trabajo de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación quedaron plasmados en el Informe sobre Calificación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política, emitido en 1996.

Esta comisión recibió 1200 denuncias, de las cuales 899 fueron casos calificados para la comisión, de las cuales:^[18]​

• 644 casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, y


• 255 casos de víctimas de violencia política.

De estas, se calificaron:

• 776 casos de víctimas muertas, y


• 123 casos de víctimas desaparecidas.

A la fecha de emisión de este informe, se contabilizó un total de 3197 víctimas.

Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura - Comisión Valech

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) recibió 36 035 testimonios. Su informe, entregado en noviembre de 2004, reconoció a 27 255 personas como víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura militar.^[19]​

En su etapa de reconsideración, entre noviembre de 2004 y mayo de 2005, la comisión reconoció otros 1 204 casos, correspondientes a declarantes que adjuntaron nuevos antecedentes a sus presentaciones originales. El total de casos calificados por la Comisión Valech fue de 28 459.^[20]​

Se determinó en 2004 que de 34 690 víctimas de prisión política, 28.459 sufrieron torturas y apremios ilegítimos, de los cuales 1 244 tenían menos de 18 años (fueron torturados 176 niños menores de 13 años), 3621 eran mujeres,^[20]​ de las cuales alrededor de 3 400 fueron abusadas y violadas por sus captores.

Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura Revisada - Comisión Valech II

La Comisión Valech fue revisada y una segunda versión fue entregada. Para llevar adelante su trabajo, la Comisión utilizó las bases de datos construidas durante el funcionamiento de la Comisión Valech, complementándolas de modo permanente con información de prensa, documentación legal, publicaciones sobre los casos y situaciones relacionadas recabadas por esta Comisión.^[19]​

Entre febrero y agosto de 2010, la Comisión Valech II recibió 32 453 casos, de las cuales 622 casos fueron de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos (casos Rettig) y 31 831 casos fueron de prisión política y tortura (casos Valech).

De este total, 9825 fueron casos de víctimas calificados para la comisión, de las cuales:

• 30 casos de víctimas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos (casos Rettig), y


• 9 795 casos de víctimas de prisión política y tortura, sin resultado de muerte (casos Valech).^[19]​

Total Final de Víctimas de Ejecutados y Desaparecidos

De esta manera, al agregar las cifras de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig II), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Política y Tortura Revisada (Comisión Valech II, Casos Rettig) el resultado es de 3 227 víctimas (muertos o detenidos desaparecidos), con el siguiente desglose^[15]​

• Informe Rettig, 2 298 víctimas:
  
  
  
  • 2130 casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, y
  
  
  • 168 casos de vĺctimas de violencia política.
  
  
  
  


• Comisión Valech, 30 víctimas:
  
  • 30 casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
  
  


• Informe CNRR, 899 víctimas:
  
  
  
  • 644 casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, y
  
  
  • 255 casos de víctimas de violencia política.
  
  
  
  


• 
  Total final, 3227 víctimas:
  
  
  
  • 2804 casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, y
  
  
  • 423 casos de víctimas de violencia política.
  
  
  
  

Finalmente, los casos de víctimas de muertos y desaparecidos quedan con el siguiente desglose:

• Informe Rettig, 2298 víctimas:
  
  
  
  • 1319 casos de víctimas muertas,
  
  
  • 979 casos de víctimas desaparecidas,
  
  
  
  


• Comisión Valech, 30 víctimas:
  
  • 30 casos de víctimas muertas o desaparecidas (se consideran como muertas para fines del cálculo).
  
  


• Informe CNRR, 899 víctimas:
  
  
  
  • 776 casos de víctimas muertas, y
  
  
  • 123 casos de víctimas desaparecidas.
  
  
  
  


• 
  Total final, 3227 víctimas:
  
  
  
  • 2125 casos de víctimas muertas, y
  
  
  • 1102 casos de víctimas desaparecidas.
  
  
  
  

Estimaciones alternas

Según muchos autores la cifra de muertos bajo el gobierno de Pinochet varia mucho por ejemplo en México, la revista Proceso declaró que las muertes llegaban a 30 000 casos de víctimas muertas y otros desaparecidos.

El escritor Rudolph Rummer estimó la misma cifra máxima y mínima sería de 30 000 y 10 000 casos de víctimas muertas y mínima respectivamente^[21]​, igual declaró que el estado había matado a 3000 mineros chilenos.

Otras cifras estiman la cifra en 15 000 casos de víctimas muertas y 2 000 casos de víctimas desaparecidas.

Víctimas notables

Entre las miles de víctimas de los derechos humanos en Chile, se encuentras varios Diputados, Senadores, Ministros de Estado, rectores de universidades, alcaldes y miembros de las Fuerzas Armadas.^[22]​^[23]​ También se encuentran intendentes, funcionarios públicos, periodistas, profesores y académicos, sacerdotes, dirigentes sindicales, sociales y políticos, artistas, estudiantes, agricultores, dueñas de casa, profesionales, obreros, indígenas, etc.

Entre todos ellos se pueden listar a los siguientes:

Métodos de tortura

"Parrilla" o catre metálico donde se amarraba y torturaba con electricidad a los detenidos.

Durante los 17 años que duró la dictadura militar en Chile se hizo uso habitual de la tortura^[25]​ hacia los prisioneros políticos, como medio de conseguir información, someter psicológicamente y castigar a los prisioneros. Estas prácticas fueron llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y de Orden, y por los organismos de seguridad (DINA y CNI). De hecho, el 94 % de los exprisioneros entrevistados por la comisión Valech, señaló haber sufrido torturas por parte de sus captores.

Entre las torturas más comunes se cuentan:

1. 
   golpizas reiteradas. Uno de los métodos de tortura más comunes que aplicaba los organismos represivos, era el de propinar brutales y reiteradas golpizas a los detenidos, muchas veces estas palizas consistían en puñetazos, patadas, saltos sobre el estómago, golpes en la planta de los pies, etc.


2. 
   lesiones corporales provocadas. Los captores sometían a los prisioneros a cortes y fracturas con corvos, yataganes, alicates, cuchillos, etc. Cabe decir que hay testimonios por parte de exdetenidos políticos que a los prisioneros más reacios a confesar eran recostados en el suelo mientras un vehículo pasaba por encima de sus piernas rompiéndolas al instante.


3. 
   colgamientos, de las extremidades por horas.


4. 
   aplicación de electricidad, más conocido como la parrilla, que consistía en maniatar al preso en un catre metálico mientras se le insertaban electrodos en los testículos a los varones, mientras que a las mujeres se le los insertaban en los labios vaginales, clítoris y/o pezones, aunque también se podía aplicar electricidad en la dentadura y labios.


5. 
   amenazas, era usual que durante los interrogatorios los agentes estatales amenazaran a los detenidos con asesinar, secuestrar o torturar a familiares, cónyuges, hijos, etc.


6. 
   simulacros de fusilamiento;


7. 
   humillaciones y vejámenes, para quebrar a los detenidos durante los interrogatorios, se obligaba a los prisioneros a desnudarse frente a sus captores, a ser orinado por terceros, a comer materia fecal o comida en descomposición,etc. En el caso de las mujeres a ser manoseadas, recibir amenazas de violación, entre otros vejámenes.


8. 
   desnudamientos, en muchos casos se les dejaba desnudo a la intemperie durante el día hasta provocar serias quemaduras por el sol, y enfriamientos por la noche.


9. 
   violaciones y abusos sexuales, especialmente hacia las mujeres, muchas de ellas denuncian haber sido sometidas a manoseos, insinuaciones sexuales, y en los peores casos a violación, (muchas veces de manera reiterada), además de que a muchas de ellas se les introducían objetos tales como maderos, cañones de fusil, etc. Cabe mencionar que también se han registrado casos de violaciones a hombres.


10. 
    confinamiento en condiciones infrahumanas, privación de alimentos y de condiciones dignas de vida (sanitarias e higiénicas), prohibición de asearse, etc.;


11. privación de sueño


12. Privación por extensos períodos de tiempo de alimentos y líquidos, llegando incluso algunos prisioneros a entrar en un estado de inanición o deshidratación que los llevaba al borde de la muerte.


13. 
    Asfixia y/o Ahogamiento consistía en que durante los interrogatorios los detenidos eran sometidos al submarino seco, que es cuando al prisionero se le ponía una capucha o funda plástica que le impidiera respirar, y así empezaba a ahogarse, y la otra versión llamado submarino mojado, consistía en someter y maniatar al detenido e introducirle la cabeza en un tanque con agua sucia, orina, etc.

Además, se les hacía como presenciar fusilamientos, torturas y vejámenes de otros prisioneros o familiares.^[26]​

En ese momento no sabía donde estaba. Nos llevaban en camiones frigoríficos, amarrados, vendados, con capuchas. Nos hacían bajar escalones y, a mí me dejaron en una celda. Los interrogatorios empezaban muy temprano... me golpearon y aplicaron todas las formas de tormento: Golpes, corriente eléctrica, quemaduras con cera, cigarrillos; en un brazo aún tengo las marcas. Les dije que estaba embarazada, pero la verdad a ellos no les importó, al contrario. Me golpeaban con una fusta en el bajo vientre, para que perdiera mi guagua. Al tercer o cuarto día, comenzaron a violarme... varias veces me violaron y aplicaron corriente en la parrilla eléctrica...

Testimonio de una prisionera política del Campo de Concentración "Tejas Verdes"^[27]​

Centros de detención

Memorial de víctimas de Villa Grimaldi.

Durante la dictadura se habilitó una extensa red de centros clandestinos de detención y tortura a lo largo de todo el país, identificándose 1.168^[28]​ centros de detención y tortura, 1.132 de acuerdo a la Comisión Valech.^[29]​^[30]​^[31]​

En muchos casos se utilizaron las propias instalaciones del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada (incluido el Buque Escuela Esmeralda y el Buque Lebu) y Carabineros de Chile. También se instalaron campos de concentración en oficinas salitreras (Oficina Chacabuco), en islas (como la Isla Dawson o la Quiriquina) y en zonas aisladas; hasta se hizo uso de instalaciones deportivas, como el Estadio Nacional de Chile, el Estadio Chile o el Estadio Municipal de Concepción.^[32]​ En otros casos se habilitaron para estos efectos inmuebles particulares, como Villa Grimaldi, Venda Sexy o Londres 38, como cuarteles o prisiones clandestinas de los servicios de seguridad del régimen.

Personas involucradas

Dado que las violaciones de los derechos humanos durante el Régimen Militar correspondían a una política de Estado, la cantidad de personas involucradas en estos actos como autores, cómplices o encubridores, es elevada. Si bien es difícil determinar su número, se estima que supera las varias centenas. De hecho, a la fecha, cerca de 500 militares y colaboradores de los servicios de seguridad de la dictadura de Pinochet han sido procesados por su presunta participación en estos crímenes,^[33]​ de los cuales uno 70 se encuentran cumpliendo condena.^[34]​ Entre los principales presuntos violadores de los derechos humanos se cuentan:

Exilio

Una de las maneras más comunes que la dictadura militar efectuó para silenciar a la oposición política fue exiliar a todo aquel que presentara signos de oposición, además de exiliar a los opositores, se les negaba la ciudadanía chilena, situación que dificultaba los trámites para pedir asilo en otros países. Los destinos más usuales que decidieron tomar rumbo los chilenos exiliados fueron por lo general países socialistas tales como Cuba, la Unión Soviética entre otros países del bloque del este, sin embargo también hubo un número importante de chilenos que decidió emprender rumbo a países como Canadá, Suecia, la Alemania Occidental, etc.

Se llegó, incluso, a quitar la ciudadanía chilena a determinadas personalidades políticas, sindicales, parlamentarios, diplomáticos y militares, como por ejemplo: Orlando Letelier, Hugo Vigorena Ramírez, Volodia Teitelboim, Jaime Suárez Bastidas, Anselmo Sule, Ernesto Araneda Briones o Sergio Poblete (ex general la Fuerza Aérea).

"Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de las personas nacionales o extranjeras, que... a juicio del Gobierno constituyan un peligro para el Estado...Tratándose de chilenos, el Ministerio del Interior dictará un Decreto Supremo prohibiendo su ingreso al país y la autoridad administrativa correspondiente ordenará la cancelación del pasaporte, en su caso.

Decreto Ley 604 del 10 de agosto de 1974

Es imposible de determinar la cantidad de gente que abandonó el país para escapar a la persecución política buscando refugio en el exterior, sin embargo, la Comisión Chilena de Derechos Humanos estimó su número en 200 000 en 1983.^[51]​ Uno de los países que mayor número de exiliados recibió fue Suecia, donde se refugiaron 15 000 chilenos. Entre los años 1982 y 1988, periódicamente, se publicaron listas de chilenos a quienes se les prohibía el ingreso al país. Del mismo modo, se les estampaba una L (limitación de ingreso) en el pasaporte cuando iban a renovar a los respectivos consulados.

Si bien, a comienzo de la década de 1980 comenzó a permitirse la entrada de pequeños grupos de exiliados (3542 entre 1982 y octubre de 1983), a raíz de las masivas protestas populares que se desencadenaron contra el Régimen Militar en 1983, se decretó el exilio de numerosas personas, en especial hacia países limítrofes, o bien, la relegación en zonas aisladas del país, como Putre, Chile Chico o Achao, en Chiloé.

El 1 de septiembre de 1988, por medio de un decreto del Ministerio del Interior se puso fin al exilio:

...Déjense sin efecto todos los decretos y decretos supremos exentos que, dictados en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 41 N° 4 de la Constitución Política de la República disponen la prohibición de ingreso al territorio nacional de las personas que en ellos se mencionan...

Decreto 203

Principales países que recibieron exiliados chilenos

Véase también

• Anexo:Cronología de las violaciones de los derechos humanos de la dictadura militar (Chile)


• Anexo:Memoriales a víctimas de violación de los derechos humanos en Chile


• Derechos humanos en Chile


• Víctimas militares de la dictadura militar de Chile


• Dictadura militar (Chile)


• Golpe de Estado en Chile de 1973


• Hornos de Lonquén


• Caravana de la Muerte


• Tanquetazo


• Comité Pro Paz


• Comité de Defensa de Derechos Humanos y Sindicales


• 
  Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas CIAP-FELAP


• Vicaría de la Solidaridad


• Jornadas de Protesta Nacional (Chile)


• Acciones armadas de extrema izquierda en Chile

Referencias

Enlaces externos

• Museo de la Memoria y los Derechos Humanos


• 
  Libro "Morir es la noticia" Editor Ernesto Carmona Ulloa